La OCC Apunta a Noviembre para la Regla Final sobre Regulaciones de Stablecoins Bajo la Ley GENIUS

La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) está lista para implementar una regla final para los emisores de stablecoins bajo la Ley GENIUS para noviembre de 2026. Esta legislación, que fue firmada el 18 de julio de 2025, establece un marco federal para las stablecoins de pago, un desarrollo que la industria de las stablecoins ha estado esperando con ansias.

El cronograma de la OCC llega después de que no cumpliera con la fecha límite estatutaria inicial para finalizar las reglas de implementación, que también estaba fijada para el 18 de julio de 2026. La agencia había emitido previamente un aviso de propuesta de reglamentación el 25 de febrero de 2026, con un período de comentarios públicos que finalizó el 1 de mayo de 2026. Esta propuesta de regla abarca requisitos de respaldo de reservas, marcos de gestión de riesgos y estándares de capital y liquidez que se alinean con los de las instituciones de depósito tradicionales.

En un esfuerzo coordinado, la OCC está trabajando junto con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA), ambas de las cuales han presentado propuestas paralelas. Además, el Departamento del Tesoro y FinCEN han abordado las obligaciones de cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero y sanciones para los emisores de stablecoins, asegurando que estas entidades cumplan con estándares similares a los impuestos a los bancos.

La Ley GENIUS exige que los emisores de stablecoins cumplan con las reglas de AML y los estándares de protección al consumidor que superan muchas regulaciones a nivel estatal. La fecha de entrada en vigor de la ley será el 18 de enero de 2027 o 120 días después de que se emitan las reglas finales, lo que ocurra primero. Si la OCC finaliza su regla en noviembre, la fecha de entrada en vigor podría trasladarse a alrededor de marzo de 2027, mientras que cualquier retraso más allá de mediados de septiembre de 2026 impondría la fecha límite de enero, comprimiendo significativamente el cronograma de cumplimiento.