Los Estados Impulsan el Compartir Beneficios de los Centros de Datos de IA Ante Preocupaciones Energéticas

A medida que la demanda de tecnología de inteligencia artificial (IA) aumenta, los legisladores estatales están enfocándose cada vez más en los centros de datos debido a su significativo consumo de energía. Se está proponiendo una ola de nueva legislación en todo Estados Unidos, obligando a los gigantes tecnológicos a contribuir a las comunidades que albergan sus centros de datos.

Virginia y Nueva Jersey están a la vanguardia de este movimiento. Virginia, que alberga la mayor concentración de centros de datos a nivel mundial, ha introducido un Impuesto sobre el Consumo de Electricidad de Centros de Datos que entrará en vigor el 1 de julio de 2026. Este impuesto cobrará a los operadores $0.011 por kilovatio-hora consumido, con un límite de recaudación anual de $600 millones. Nueva Jersey ha seguido el ejemplo con la Ley de Participación Justa de Centros de Datos, que será efectiva el 7 de julio de 2026, y que exige que los centros de datos cubran sus propios costos energéticos y los impactos en la infraestructura.

A nivel federal, los legisladores también están tomando medidas. El senador Mark Warner ha propuesto la Ley de Responsabilidad y Divulgación del Impuesto sobre Centros de Datos, destinada a aumentar la transparencia en torno a los incentivos fiscales para los centros de datos. Mientras tanto, el senador Ron Wyden ha sugerido la implementación de impuestos sobre los ingresos brutos en las operaciones de los centros de datos, lo que garantizaría que las empresas no puedan evadir sus obligaciones fiscales mediante maniobras contables.

Estos esfuerzos regulatorios ya están afectando a la industria, con informes que indican que casi la mitad de los nuevos centros de datos planificados para 2026 en EE. UU. han sido retrasados o cancelados. Jugadores importantes como Microsoft, Amazon y Google están enfrentando un mayor escrutinio sobre su consumo energético, lo que ha llevado a algunos a comprometerse a cubrir voluntariamente costos energéticos adicionales.

Para los inversores en infraestructura de IA, estos cambios regulatorios representan una nueva capa de riesgo que debe ser considerada en los procesos de debida diligencia, ya que las implicaciones financieras de los impuestos energéticos pueden impactar significativamente los costos operativos.